“El Gobierno de Solidaridad” y sus palabras sin contenido
Escrito por admin el 22 julio 2010 – 9:13 am -Marcela Gereda
Área de Estudios sobre Campesinado
AVANCSO
En el documental “El negocio del oro en Guatemala: un conflicto anunciado”, la señora Teodora Antonia de San Marcos, expresó su descontento hacia la minería y rechazó las operaciones extractivas por causar conflictos en su comunidad. Días después recibió un balazo en el ojo derecho.
Al salir del aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile, un gran letrero saluda al visitante: “En Chile decimos no a la minería”. En cambio aquí, da en qué pensar cómo al parecer este gobierno no tiene una posición clara o está a favor de la minería.
Debiera hacernos reaccionar el silencio o el mínimo y estereotipado abordaje desde los medios de comunicación en materia de minería, debiéramos procurar alianzas con los líderes comunitarios de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, al denunciar lamentables amenazas y enfrentamientos en su comunidad. Y sobretodo, debiéramos exigir a nuestro gobierno respetar su palabra cuando juró defender y apoyar a los más desfavorecidos.
No hace falta una lupa para advertir el engaño de “el gobierno de solidaridad” y cómo nos quieren seguir venadeando: el pasado 24 de junio nuestro Presidente informó que el Estado de Guatemala acataría la resolución de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para cerrar temporalmente la mina. Nada de esto ha pasado. Palabras al aire. Voluntad sin contenido.
La resolución de la CIDH es la tercera acción internacional que recibe el Estado de Guatemala en relación a la suspensión de la actividad minera; otras recomendaciones han provenido de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas.
En este sentido, es fundamental que los líderes y representantes de las comunidades indígenas tomen consciencia de la situación: de que lo logrado hasta ahora ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es un triunfo mínimo, dado que como ya se hizo evidente, el gobierno no tiene ninguna intención de acatar la orden de la CIDH y protegerlos de potenciales riesgos.
El antropólogo jurista Juan Carlos Us Pinula propone que: “corresponde a la Corte de Constitucionalidad dar carácter normativo interno a las resoluciones emanadas de los órganos internacionales en materia de derechos humanos. Es la Corte de Constitucionalidad la que debe de entrar a conocer los casos donde el gobierno se niega a ejecutar las resoluciones de órganos con una jerarquía superior a la institucionalidad jurídica guatemalteca. El hecho de que el gobierno pretenda esconder dentro del laberinto de leyes guatemaltecas una resolución emanada de un órgano superior, no solo constituye una inobservancia del ordenamiento jurídico internacional, de la jurisprudencia emanada de nuestra Corte de Constitucionalidad, sino que constituye una clara violación al derecho fundamental de los pueblos indígenas que reclaman la protección de un estado que los ha dejado solos en su lucha contra una transnacional violadora de derechos humanos. Ante estos hechos, corresponde a la Corte de Constitucionalidad desenmascarar y obligar a que cumplan con su deber”.
Y a nosotros como ciudadanos nos corresponde defender nuestra soberanía, nuestro suelo, nuestro equilibrio. Nos toca demandar a los medios de comunicación el abordaje serio de este tema, y exigir al “gobierno de solidaridad” dotar de sentido y de honestidad sus discursos y palabras. Debemos además exigir a la trasnacional remediar los impactos y violaciones a los derechos humanos y que promueva el diálogo y mediación para resolver los conflictos sociales.
Nuestros suelos deben estar más en función de las necesidades del ser humano, y menos de las transnacionales, los negocios, las minas. Debemos recuperar nuestra soberanía, recuperar el sonido de los pájaros y de los arroyos para vivir como seres humanos, recuperarlo aquí y ahora para la felicidad de aquí y ahora, recuperarlo para la felicidad del mañana y de los que vendrán.
Guatemala, 20 de julio del 2010.
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