Candelaria Acabal Alvarado (IV)
Escrito por admin el 23 febrero 2010 – 10:12 am -Se espera la resolución de la Sala de Apelaciones.
Por: Irmalicia Velásquez Nimatuj
El 21 de diciembre de 2009 los tribunales recibieron la declaración de Olga Marisol Natareno Taracena, acusada de violar los derechos de Candelaria Acabal y a pesar de las pruebas que evidencian los daños físicos y emocionales, la juez Rafaela Salazar López, una profesional indígena, “de conformidad con el hecho concreto, considerando los argumentos y gestión de los sujetos procesales y en base a los medios de investigación que fueron presentados por el representante del Ministerio Público” decretó la Falta de Mérito a favor de Natareno.
La acción de la juez ante la evidencia es ilegal y quizá delictiva por comisión del delito de prevaricato, por eso, el 22 de diciembre de 2009, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación en contra de la resolución del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quiché, basándose en la falta de fundamentación de la resolución de la juez y en la que “señala que existen elementos de investigación que sustentan la existencia de los delitos y la participación de la acusada (Natareno) en los mismos, sin embargo, contrario a dicho análisis sorpresivamente no los valora y equivocadamente decreta la falta de mérito, entonces cabe preguntarse, ¿qué sentido tiene tener por acreditado la concurrencia de los injustos penales y la previsible participación de la imputada en ellos, si se concluye relevándola de toda responsabilidad?”.
Se espera la resolución de la Sala de Apelaciones de Antigua Guatemala, quien conocerá el recurso del MP. En este caso puede argumentarse que la juez no obró con mala intención, que no prevaricó, sino fue su “torpeza” la que dio lugar a esa resolución. Llama la atención que ante la dificultad que tienen las mujeres indígenas de llegar a la administración de justicia se permita que una juez mal preparada ocupe un cargo de responsabilidad en el sistema de justicia. Podría considerarse parte de la estructura racista del Estado, por dos razones: primero, porque las resoluciones como la de Salazar legitiman y niegan el racismo de las elites locales y la segunda, porque su actuación cierra el camino a otros profesionales indígenas, ¿por qué, para qué otorgarles estas responsabilidades si cuando llegan demuestran que no están preparados en temas como la opresión racial en un país indígena?
Otros argumentarán que la juez respondió a favores políticos y algunos que la justicia requiere de jueces con poca preparación, porque son fácilmente manipulables.
Fuente: El Periódico.com.gt
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